¿En qué va la situación en Volcan - Glencore en las minas de Perú y el diálogo con el sindicato de Andaychagua?

La reciente huelga que se lleva a cabo en la mina de Andaychagua en Perú, en donde un importante grupo de trabajadores rechaza las prácticas laborales desarrolladas por Volcan, propiedad de la multinacional Glencore, y exige un diálogo genuino para poder llegar a acuerdos, nos ha hecho revisar cada uno de los factores que han conducido a la situación actual.

Volcan es la compañía minera que lidera el trabajo en la región de Junín de Perú, en donde funcionan varias de las principales minas del país. Volcan es propiedad de una de las más grandes multinacionales del mundo, Glencore, quien es dueña del 55.03% de las acciones de la empresa, es considerada como la principal empresa privada dedicada a la producción, compra y venta de materias primas y alimentos.

Aunque en términos generales, la huelga que dio inicio en el pasado mes de diciembre del 2021 podría parecer solo una huelga más de la industria, lo cierto es que detrás de ella se esconden múltiples razones que han llevado a los trabajadores mineros de Perú a ponerse en pie de lucha por la defensa de sus derechos. Este es un recuento de lo que ha sucedido hasta este momento.

A partir de los años 90, Perú comenzó a consolidarse como uno de los países en los que la explotación minera representaba mayores ganancias para la industria, tanto por la gran cantidad de recursos naturales explotables como por la posibilidad de mano de obra mucho más económica que en otros rincones del planeta.

Durante esta década, la minería se convirtió también en el pilar fundamental de toda la economía peruana, abriendo las puertas del mercado internacional y posicionando al país en un lugar notable dentro de la industria. 

Desde entonces Perú es considerado uno de los mayores productores de metales como el cobre, el estaño, la plata y el zinc, metales que son a su vez el principal recurso exportado a Europa y los Estados Unidos. 

Los metales extraídos de las minas peruanas son fundamentales en la cadena de producción minera de todo el planeta pues soportan toda la revolución digital: teléfonos celulares, televisores, tablets y todo aquello relacionado con la conectividad se cimentan sobre la producción minera de metales como el cobre y el cobalto.

Sin embargo, esta apertura económica ha significado, desde muchas miradas, una precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores peruanos.

A partir del año 2015, con la aprobación de la Ley de Tercerización que garantiza una manera de reducir costos y que hace a la industria peruana mucho más competitiva a nivel internacional, las minas  del sector metalúrgico en Perú pasaron a ser formadas por más del 70% de trabajadores sin contrato directo con las compañías mineras. 

Lo que esto significa es que del total de empleados de las minas, la empresa únicamente se hace responsable por el cumplimiento de las garantías laborales de aquellos que son trabajadores directos de sus minas y que representa una reducción en los costos de la mano de obra minera. 

En el caso de Glencore, aunque la empresa se ha asegurado en de la afirmación en su página web de seguir y ser coherente con la Declaración Internacional de Derechos Humanos y la Declaración Fundamental de Principios y Derechos Laborales de la OIT.

Glencore también afirma que se ha elaborado un protocolo para garantizar los derechos laborales de los trabajadores subcontratados que trabajan a través de empresas de subcontratación. Glencore responsabiliza a los subcontratistas del cumplimiento de unas condiciones de trabajo correctas y de los derechos laborales. De este modo, Glencore se lava las manos del problema.

Sumado a la tercerización, las condiciones laborales de los trabajadores mineros con las cuales tienen que vivir a diario son también motivo suficiente para sindicalizarse: una exposición constante al polvo y a los gases generados en las minas sin la protección necesaria, lo que los hace vulnerables ante la silicosis, trastorno de los pulmones y las vías respiratorias de carácter irreversible; así como salarios mínimos que no alcanzan para cumplir con las condiciones de vida dignas de las comunidades

Una de las herramientas que Volcan, en cabeza de algunas de los minas mas importantes de Glencore en Perú, ha utilizado en contra de los trabajadores sindicalizados es la no renovación de los contratos de los líderes sindicales, lo que necesariamente se traduce en una violación a los derechos laborales de ser representados en juntas sindicales.

En el 2020, tiempos pandémicos, Volcan Compañía Minera  no se aseguró de garantizar las condiciones necesarias de bioseguridad, exponiendo así a los trabajadores al contagio y la propagación del virus. 

En este mismo año suspendieron labores sin remuneración de los trabajadores lo que generó un gran impacto social y económico en la comunidad de la región.

En el 2021, las prácticas antisindicales han tocado fondo, lo que ha generado una respuesta en los trabajadores para levantar la voz y hacerse cada vez más visibles. Sin embargo, el sindicato de Volcan no ha sido el único que ha levantado la voz con respecto a las violaciones de derechos laborales de la empresa, pues algunos inversionistas importantes como el fondo de pensiones en Holanda ABP, también han sido conscientes de la vulneración de derechos laborales y humanos así como de sostenibilidad.  

Debido a esto y a la falta de confianza en que la empresa cambie la conducta antisindical, el 15 de octubre de 2021, según comunicado oficial, ABP anunció su retiro de la participación minera de Glencore, sentando un precedente para que otros inversionistas sigan el camino de retiro si la situación no mejora.

En el año 2021 las prácticas antisindicales ejercidas de manera personal en contra de líderes como Alex Tinoco, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua Volcan Compañía Minera y de las Empresas Especializadas, Contratistas y de Intermediación, quien ha sufrido persecución y despidos por parte de la compañía, hicieron que la organización sindical se organice en huelgas y manifestaciones que dieron inicio en diciembre del 2021. 

Bajo la Secretaría General de Tinoco, los trabajadores tercerizados han encontrado la posibilidad de organizarse gracias al cambio que se generó en los estatutos sindicales según los cuales los estos tienen licencia legítima para sindicalizarse y exigir respeto de sus derechos.

Esta es una de las razones principales por las que Volcan ha agudizado el ataque al sindicato, ejerciendo una presión importante incluso en la unión general de sindicatos para expulsar a Alex Tinoco de las negociaciones colectivas, bajo el argumento de la “ilegalidad sindical”.

Estás huelgas exigen una mesa de diálogo con las empresas filiales de Glencore, en el caso puntual de Volcan Compañía Minera.

A inicios de 2022 y con la huelga ha continuando no solamente en Andaychagua sino también en otros puntos de Junín y movilizándose hasta Lima, el Ministerio de Trabajo expidió un pronunciamiento con el cual afirmó la legitimidad del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua Volcan Compañía Minera y de las Empresas Especializadas, Contratistas y de Intermediación y el deber de la compañía de sentarse a negociar por buena fe. Sin embargo, ese mismo día,  a través de una comunicación oficial, Volcan Compañía Minera aseguró que no se sentará al diálogo y que escoge la vía legal para la solución de las peticiones sindicales.

Volcan Compañía Minera está incurriendo en una vulneración grave del derecho fundamental de la libertad sindical registrado en el Convenio C087 de la OIT al no aceptar ni respetar el derecho laboral de los mineros tercerizados de organizarse en sindicatos y defenderse.  Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE creó una guía para la Debida diligencia que apoya a las empresas para implementar principios que les permita “ evitar y abordar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales, con respecto a los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo”

Y aunque pareciera que esto es un asunto que solo le compete a la empresa y al sindicato, lo cierto es que en la cadena de valor, la minería tiene un rol tan crucial en el desarrollo de las sociedades tal como las conocemos hoy en día, que debería ser una responsabilidad de todos, desde inversionistas, accionistas, comercializadores y hasta compradores y usuarios que tenemos el deber de velar porque los derechos fundamentales sean respetados.

En estos momentos la huelga se mantiene, después de 30 días en los que los trabajadores mineros no han recibido remuneración económica.  Los encuentros que se han dado entre Volcan, la autoridad de trabajo de la región y el sindicato a lo largo de este tiempo no han llegado a un acuerdo efectivo sobre la negociación colectiva. Adicionalmente, en este mes de enero de 2022, la compañía Volcan ha imputado faltas graves a dos trabajadores para sancionarlos por ejercer su derecho legítimo a la huelga, así como el despido injustificado de uno de ellos. Los trabajadores mineros continúan la lucha incansable por la defensa de sus derechos.

En el mes de febrero de 2022 y luego de más de 60 días en huelga, finalmente los mineros de Volcan en Andaychagua reciben un apoyo positivo y significativo de parte de las entidades estatales. El 24 de febrero la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de empleo de Junín, a través de un laudo, resolvió exigir a la empresa "Acoger la propuesta presentada por el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua Volcan Compañía Minera y de las Empresas Especializadas, Contratistas y de Intermediación que prestan servicios (...) se dispone a que la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A inicie el trato directo a nivel de establecimiento y negocie el convenio colectivo 2021 / 2022"

Lo que en otras palabras significa que es deber de la empresa disponer finalmente de un espacio para el diálogo honesto y transparente con los trabajadores y sus representantes del sindicato. 

Debido a los más de 65 días continuos de huelga desplegada entre Junín y Lima, la Autoridad de Trabajo, evaluando las posibles consecuencias críticas que traería esta incasable lucha, decidió activar un mecanismo legal excepcional para poner fin a la huelga en calidad de parte neutral obligatoria. Fue así que dicha autoridad elaboró una sentencia en la que ordenó a Volcan iniciar el trato directo de la negociación colectiva con los trabajadores,  y, al Sindicato de Andaychagua, concluir con la medida de fuerza. De estos dos mandatos solo uno se cumplió: el que estaba a cargo del Sindicato. ¿Y Volcan? Una vez más se negó a cumplir con lo dispuesto en el laudo arbitral y difundió un comunicado entre todos los trabajadores en el cual expresó que iba a pedir la nulidad de dicho documento, lo que efectivamente sucedió en los primeros días de marzo.

Ante este panorama de afrenta y constante violación del derecho a la negociación colectiva, el Sindicato de Andaychagua decidió acudir a la vía judicial para pedir al juez que ordene a Volcan dejar de vulnerar sus derechos sindicales a través del proceso de amparo. Este proceso va a tener su primera audiencia en diciembre de este año; sin embargo, ya hemos sido notificados con los argumentos de Volcan por los cuales sostiene – indebidamente, por supuesto – que no va a negociar con el Sindicato de Andaychagua, los cuales rechazamos en todo sentido.

Por su parte, Volcan también ha interpuesto otro proceso judicial mediante el cual está solicitando al juez la ejecución de una resolución (laudo arbitral), lo que claramente es contrario a su primer proceso mediante el cual pedía la nulidad del mismo documento.

El Sindicato de Andaychagua presentó su pliego de reclamos 2022-2023 a mediados de este año (junio), y Volcan ha vuelto a oponerse a iniciar la negociación colectiva. Si bien ha convocado a una reunión al sindicato, en esta ha propuesto que se firme un acta de inicio de trato directo pero que no se inicien las negociaciones hasta que se resuelvan los procesos judiciales anteriores, cuando evidentemente los procesos giran en torno a una negociación diferente.

En los próximos meses el Sindicato va a acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo a fin de que intervenga en la etapa conciliatoria y propicie el diálogo entre las partes.