La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo histórico sobre el cierre de minas de carbón en el país.
La sentencia T-029 de 2025 establece un precedente fundamental al garantizar el debido proceso y la participación efectiva de las comunidades y sindicatos afectados por el cierre de operaciones mineras a gran escala. Este fallo responde a una acción judicial liderada por comunidades y trabajadores despedidos en los departamentos de Cesar y Magdalena, quienes por más de cuatro años han exigido un diálogo social transparente entre los actores implicados y la implementación de medidas que soporten el impacto de los cierres mineros.
Un precedente clave para la justicia ambiental y laboral
El fallo de la Corte surge tras la acción judicial impulsada por sindicatos y comunidades de los municipios de La Jagua, El Paso, Becerril y Ciénaga, quienes demandaron la instalación de una Gran Mesa de Concertación.
Esta mesa tiene como objetivo asegurar la participación de la ciudadanía en la definición de las medidas que debe adoptar la multinacional Glencore-Prodeco dentro de su plan de cierre minero, actualmente en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La Corte determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que una única reunión de socialización realizada en noviembre de 2022 era suficiente para cumplir con el proceso de participación.
Dicha reunión, según la sentencia, no responde a lo acordado en actas previas, en las que se pactó la instalación de una Gran Mesa de Diálogo y Concertación con la población afectada.
Las implicaciones del fallo
La decisión de la Corte Constitucional ordena la reapertura del caso de desacato contra el representante legal del Grupo Empresarial Prodeco S.A. y exige revisar el cumplimiento del fallo y de los acuerdos establecidos en las actas de reunión.
Este fallo representa un avance significativo en la defensa de los derechos de las comunidades y los trabajadores, y refuerza la exigencia de un cierre minero justo y responsable en donde la voz de los trabajadores sea el eje central.
Llamado a la acción
Las organizaciones sindicales y comunitarias que promovieron esta acción judicial hacen un llamado a diferentes actores para garantizar el cumplimiento de la decisión:
- A Glencore-Prodeco, a comprometerse con un diálogo constructivo y evitar maniobras evasivas que dilaten la implementación de las medidas de compensación y restauración.
- Al Estado Colombiano, en cabeza de la ANLA, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, a respaldar la decisión judicial y fortalecer las medidas de protección para los líderes sociales y sindicales involucrados.
- A las organizaciones nacionales e internacionales, a continuar brindando apoyo para garantizar una participación real y efectiva en el proceso de cierre minero.
- A la población de los municipios afectados, a unirse en defensa de esta decisión judicial histórica y a exigir un cierre minero que contemple la restauración ambiental, social y económica de sus territorios.
Un paso hacia la justicia social y laboral
Este fallo es un logro crucial para las comunidades afectadas por el cierre minero y refuerza la importancia de la participación ciudadana en los procesos de transición económica y ambiental.
En CNV Internationaal reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y ambientales en las cadenas de valor de la minería y celebramos esta decisión que abre una puerta hacia un cierre minero más justo y equitativo.
Los trabajadores lideran la transición justa
Las organizaciones sindicales, unidas en el Colectivo de Trabajadores por la Transicion Energética Justa, llevan ya más de dos años trabajando en un plan para la transición que incluye el cierre adecuado de minas asi como un pacto multiactores para la reconversión laboral y la diversificación económica, aspectos fundamentales para un proceso minero honesto, transparente y sobre todo JUSTO.
Fecha de publicación 12 02 2025
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