Violaciones a derechos laborales en la minería ensombrece la implementación del TLC entre UE-Colombia, Perú y Ecuador

Las organizaciones de la sociedad civil delegadas para dar monitoreo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador – los llamados GCI - denuncian las pocas garantías que sus gobiernos les han dado para ejercer su labor de seguimiento. En la última reunión de las partes, los delegados alertaron sobre situaciones graves de violaciones a los derechos laborales y humanos en el sector de la minería de Colombia y Perú, así como el aumento de amenazas y atentados contra los líderes sindicales en Colombia. Los Grupos Consultivos (CGI) son los encargados de monitorear la implementación del capítulo IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo comercial y están conformados por organizaciones de la sociedad civil de diversa índole y empresarios. CNV Internationaal y sus aliados en Perú y Colombia son parte activa en los GCI.

Cabe recordar que este tratado de libre comercio dio acceso a empresarios latinoamericanos a un jugoso mercado de 500 millones de personas con un gran poder adquisitivo y permitió levantar barreras a empresas europeas para acceder a una de las regiones con mayores recursos naturales del mundo. De acuerdo con documentos de la misma UE “El acuerdo comercial pertenece a la «nueva generación» de acuerdos comerciales de la Unión que, además del comercio y la inversión, se centran entre otras cosas en el desarrollo sostenible de los países socios.” Es para ello que los GCI fueron creados, “para monitorear que los tratados de libre comercio no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente ni sobre los derechos laborales” aclara Maurice van Beers, coordinador del programa para América Latina de CNV Internationaal quien agregó que “en la reciente reunión, quedó claro que aún los GCI no cuentan con todo el apoyo necesario de los Gobiernos para poder hacer bien su trabajo.”

En un pronunciamiento conjunto, que no fue respaldado por los representantes empresariales de Colombia, Perú y Ecuador, hacen un llamado para que la Unión Europea “reclame a los gobiernos andinos que asuman su responsabilidad para el funcionamiento del diálogo con los GCI de sus países, observando que los gobiernos andinos han retrasado la composición y el reconocimiento de los Grupos Consultivos Internos (GCI), no dotan a sus miembros de recursos económicos para desplazamientos para asistir a las reuniones, destacándose el caso de Perú, donde el Gobierno no ha facilitado hasta el presente el funcionamiento de un GCI autónomo.”

Impacto de la pandemia

Durante las reuniones sostenidas el 9 y 10 de noviembre pasado, los participantes enfatizaron sobre el impacto profundo que, sobre los sistemas sanitarios, la economía informal, entre otros y en general sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible, tendrá la crisis del COVID-19. “Es imprescindible la necesidad de responder a la crisis con sistemas de protección social universales, reforzados e integrales. Así como de incorporar a la sociedad civil en sus varias representaciones al debate sobre las medidas de protección social.”Los Grupos Asesores de este Acuerdo Comercial Multipartes solicitan ser informados y consultados sobre las medidas que el Sub-Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible adopte o ponga en marcha para responder a tales retos.

Alertas en el sector minero de Perú y Colombia

Los representantes de los Grupos Consultivos (GCI) alertan sobre el impacto que sobre los derechos laborales de los trabajadores mineros de Perú y Colombia ha tenido la crisis del Covid-19. “En los últimos meses, trabajadores de empresas mineras multinacionales, especialmente los trabajadores tercerizados, en ambos países han vistos afectados sus derechos laborales en el marco de las consecuencias económicas de la pandemia sobre el sector de la minería, incluyendo despidos, suspensión de trabajo sin remuneración, prácticas antisindicales y extensión de las jornadas atípicas de trabajo poniendo en riesgo su salud y seguridad en el trabajo.” Frente a este último punto, los representantes colombianos fueron enfáticos en denunciar, que las compañías mineras colombianas en el sector del carbón han impuesto cambios en la jornada laboral, llamado por los trabajadores como “el turno de la muerte”que, en palabrasde Ana Catalina Herrera, coordinadora nacional de CNV Internationaal “pone en riesgo su salud y seguridad de los trabajadores y que a largo plazo podría conllevar la pérdida de puestos de trabajo”.

También, se puso de manifiesto la profunda preocupación frente a la persistente situación de inseguridad que experimentan los líderes sindicales en Colombia, hasta el punto de que, en las últimas semanas, algunos de ellos han tenido que abandonar el país.

El pronunciamiento conjunto llama además la atención sobre el incumplimiento en el sector minero de Perú del artículo 269 del Título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, por haber permitido la continuidad de la actividad minera durante la pandemia de Covid-19 poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Más grave aún, actividades que se han venido desarrollando sin la efectiva y plena protección y vigilancia de las agencias gubernamentales de fiscalización y protección laboral - SUNAFIL.

Ante el actual contexto de crisis sanitaria y económica y teniendo en cuenta las graves consideraciones contenidas en el pronunciamiento, los firmantes consideran esencial que “los Estados garanticen un debate público, informado, oportuno, incluyente y transparente de las cuestiones aquí planteadas en relación con el cumplimiento del Título IX del ACM Comercial con la Unión Europea sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, haciendo un balance consolidado de los resultados logrados hasta la fecha en los planos económico, social y medioambiental y en materia de derechos humanos.”