Ministerio de Trabajo autoriza despido masivo en el Corredor Minero del Cesar

Esta decisión, lejos de ser justa, pone en jaque a la economía de la región, ya que aunque el Ministerio solicitó a la empresa pagar indemnizaciones, prestaciones y demás derechos ciertos de los trabajadores, es una decisión que afectará a cientos de familias, dejándolas sin su sustento principal. Recordemos que el 39% del PIB del Cesar depende de la extracción de este combustible fósil. 

Prodeco, tomó la decisión de renunciar al contrato Minero basándose en el artículo  23 del Decreto 2655 de 1998, donde se afirma: 

 “En cualquier tiempo, el interesado podrá renunciar al título minero y retirar las maquinarias, equipos y elementos destinados a sus trabajos, dejando en normal estado de conservación las edificaciones y las instalaciones adheridas permanentemente al suelo y que no puedan retirarse sin detrimento. Estas revertirán gratuitamente al Estado, cuando se trate de proyectos de gran minería”.

Tras el estudio de la solicitud, el Ministerio de Trabajo aceptó el despido colectivo por clausura de labores parcial y de forma definitiva por parte de PRODECO. Por su parte, la institución estatal solicitó a la empresa respetar la estabilidad laboral reforzada amparada con diferentes fueros conforme a lo establecido en el artículo 406 en la ley 361 de 1997 y en el artículo 204 del Código Sustantivo de Trabajo.

[Vea la Resolución 1619 completa haciendo clic aquí  ➝] 

La cámara de comercio de PRODECO y la cámara de comercio de la Jagua demuestran que las empresas actualmente se encuentran vigentes y no se están en proceso de liquidación, según la abogada del Consultorio Laboral Minero,  Diana Herrera,  la entrega de un título minero no es una causal objetiva para poder autorizar el despido masivo de trabajadores. Glencore continúa siendo dueña de Prodeco y Cerrejón, esto implica que podrían garantizar contratos a los trabajadores a través de Cerrejón. 

Frente a la resolución 1659, los trabajadores cuentan con el recurso de apelación, es decir, tienen la posibilidad de dirigirse al Ministerio para que su caso sea estudiado por una segunda instancia y así  valorar si la terminación de su contrato es con justa causa. Al estar esta empresa en operaciones, se podría demostrar que PRODECO está en la facultad de reubicar a los empleados en otro puesto de trabajo teniendo en cuenta la actividad que ellos desarrollaban. 

Pese a que Colombia se acoge a varios convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), lo cierto es que no ha ratificado el Convenio n° 158 de la OIT, siendo esta la única regulación internacional general que contempla la figura del despido. Al ratificar este Convenio, protegería a los trabajadores de las consecuencias que prácticas antisindalistas como los despidos masivos tienen. En este Convenio se afirma que: 

“Las empresas multinacionales, cuando prevean cambios en las operaciones (incluidos los resultantes de fusiones, adquisiciones de empresas o transferencias de producción) que puedan tener efectos importantes sobre el empleo, deberían notificar estos cambios con antelación razonable a las autoridades gubernamentales competentes y a los representantes de sus trabajadores y sus organizaciones, a fin de que las repercusiones puedan ser examinadas conjuntamente con miras a mitigar los efectos adversos al máximo posible”

Además de la no ratificación de acuerdos internacionales que potencian la democracia y la protección de los Derechos Humanos, el impacto de esta medida por parte de la multinacional Glencore pone en evidencia la falta de voluntad política por parte de los entes gubernamentales hacia la protección y los derechos fundamentales de los trabajadores.

Ante las consecuencias de  la decisión del Ministerio de Trabajo, los trabajadores deben mantenerse en pie de lucha y organizarse para no permitir que las empresas multinacionales pasen por encima de sus derechos. El Colectivo de Trabajadores para la Transición Justa, integrado por Sintracerrejón, Sintracarbón, Sintradrummond, Sintradem y Sintramienergética rechazan la decisión del Ministerio de Trabajo y en los próximos días se hará público un comunicado que ratifique su posición y apoyo a los 247 trabajadores que hoy se encuentran en el limbo.